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Operadores que se anuncien en plataformas digitales tienen 100 días para tener el Registro Nacional de Turismo

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Bogotá, D.C., 2 de agosto de 2017 (Mincomercio).- En un plazo no mayor a 100 días los prestadores de servicios turísticos en Colombia que ofrecen y promocionan sus servicios en las distintas plataformas electrónicas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo o serán sancionados, anunció la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.

 

Cumplido este plazo, las personas naturales o jurídicas que utilicen las plataformas para la comercialización de sus servicios, sin la debida inscripción en el Registro Nacional de Turismo, serán sujetos de las sanciones establecidas por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con sus facultades y de la normatividad turística vigente.

 

"Este es un tema en el que hemos tomado la iniciativa desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y avanzamos trabajando en dos sentidos. Uno es el de las mesas de trabajo con Airbnb para establecer los parámetros de su formalización en Colombia. El otro es el trabajo conjunto con todos los gremios para establecer la politica que definirá el marco para lograr una buena y efectiva regulación", señaló la Ministra.

 

La obtención del Registro Nacional de Turismo será requisito previo y obligatorio para la operación de los prestadores de servicios turísticos.

 

Una vez inscritos, los operadores turísticos deberán incluir el número del Registro Nacional de Turismo en toda publicidad que realicen.

 

En el caso de anunciar precios, deberán incluir todos los impuestos del país o del exterior, tasas, cargos, sobrecargos o tarifas que afecten el precio final, la moneda de pago de los servicios ofrecidos y el tipo de cambio aplicable si el precio estuviere indicado en moneda diferente a la de curso legal en Colombia; en caso contrario, se considerará publicidad engañosa.

 

 

MESAS DE TRABAJO Y AGENDA CON AIRBNB

 

En materia de regulación de servicios digitales turísticos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acordó con Airbnb –una de las principales plataformas de comercialización de servicios de alojamiento del mundo-, una agenda tendiente a identificar oportunidades de colaboración para implementar mecanismos que permitan aprovechar al máximo los beneficios que la industria del turismo posee para el desarrollo económico del país, utilizando las nuevas tecnologías, la innovación, la competencia y oportunidades de diversificación del mercado turístico, en el marco de la normatividad vigente en Colombia.

 

Esta agenda incluye temas en materia tributaria, inscripción en el Registro Nacional de Turismo de los anfitriones que se anuncian en la plataforma, contribución parafiscal, información estadística, además de participación en promoción y capacitación turística para las comunidades con potencial de desarrollo turístico, quienes pueden ser beneficiados con desarrollos tecnológicos.

 

Airbnb ha manifestado su complacencia por las conversaciones adelantadas con el Mincomercio a través del Viceministerio de Turismo.

 

El Ministerio busca que haya reglas claras y justas, en una cancha equilibrada, con la protección necesaria para el consumidor –en este caso “los turistas”- y para los prestadores de servicios que realicen sus operaciones en el territorio colombiano, quienes podrán demostrar su hospitalidad y las ventajas del país, como destino turístico apetecido por viajeros de todo el mundo.

 

“Para el sector turístico nacional es importante que todos los prestadores de servicios turísticos estén amparados por nuestra legislación y que el sector se fortalezca a partir de la oleada de innovación que traen los desarrollos tecnológicos, con unas reglas claras y en una cancha igual para todos”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.

 

El Ministerio abandera la política de formalización del sector desde la implementación de la Ley 300 de 1996 o Ley General de Turismo, que ha sido fortalecida mediante herramientas tales como las brigadas que se han desarrollado desde el año 2013, a lo largo y ancho del país.

 

La consigna es que quien preste servicios turísticos en el país debe cumplir la normatividad vigente, sin importar cuál es el mecanismo de comercialización de sus productos.